La Implementación de la Nueva Ley del Salario Mínimo en Los Ángeles Será un Reto

Leer en Inglés

Cundían los vítores el mes pasado cuando las autoridades de la ciudad de Los Ángeles aprobaron una ordenanza que impelerá el salario mínimo en la ciudad a los $15 la hora para el año 2020.

Con el entusiasmo también llega la preocupación – en particular entre los inmigrantes, quienes comprenden la mayoría de los trabajadores de bajos ingresos – referente a precisamente cómo intenta la ciudad hacer cumplir el aumento de sueldo.

Durante los meses de audiencias públicas que llevaron a la aprobación final del aumento de sueldo, abundaron las historias de presunto robo salarial. Muchas historias partieron de los inmigrantes, quienes describían a dueños de restaurantes que se quedaban con sus propinas, instalaciones de lavado de autos que pagaban menos de lo acordado y represalias contra los que levantaban la voz.

“Nadie quiere un aumento en el costo de la mano de obra salvo que alguien les ponga mano al fuego y se lo obliguen”, dice Tia Koonse, del UCLA Labor Center, co-autora del informe sobre el impacto que surte el robo de salarios en Los Ángeles.

De los aproximadamente 700 mil trabajadores que bajo la nueva ordenanza del salario mínimo podrían ver un aumento en su paga, unos 6 de cada 10 no nacieron en los Estados Unidos, según Daniel Fleming, director de la Economic Roundtable, un grupo de investigación de políticas gubernamentales en Los Ángeles.

Los trabajadores inmigrantes con manejo limitado del inglés o que no conocen las leyes laborales pueden estar en peligro de ser explotados, dicen los defensores, pero los más vulnerables suelen ser los indocumentados.

“Es en realidad ilegal pagar menos del salario mínimo”, dice Koonse. “Y hay que pagar a los trabajadores indocumentados, quienes califican para recibir todos y cada uno de los derechos al salario y el horario de los que gozan sus contrapartes documentados”.

La Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles lleva algunos de los temas de quejas salariales y laborales, pero sólo una fracción de ellas. La mayor parte – más del 80 por ciento – los lleva un pequeño equipo de investigadores y abogados de la Division of Labor Standards Enforcement (DLSE por sus siglas en inglés: División de Implementación de Normas Laborales) del Comisionado Laboral de California.

“Los Ángeles es la capital de robo salarial del país”, dice abogada de DLSE, Julia Figueira-McDonough.

La oficina de Figueira-McDonough atiende unas 5.000 quejas por robo salarial al año, en particular derivadas de las industrias que emplean altos números de trabajadores inmigrantes, pero que con frecuencia les pagan menos del salario mínimo actual.

“Sencillamente, Los Ángeles es una ciudad mucho más grande con una mayor variedad de industrias de poca remuneración: la confección, la conserjería, la construcción”, explica Figueira-McDonough. “Muchas industrias que dependen de lo que tendría que ser mano de obra pagada al salario mínimo, pero no pagan ni el mínimo”.

Cuando entra en vigor el aumento salarial en Los Ángeles en junio, también se abrirá una nueva División de Implementación de Salarios de la ciudad. Seguirá el modelo de la división de implementación de salarios de San Francisco, donde trabajan unos seis investigadores de robo salarial a tiempo completo.

Los Ángeles comenzará con cinco investigadores. Koonse replica que esto no es suficiente. Pero que no es un mal comienzo.

“Nosotros tenemos como nueve veces el número de trabajadores de bajos ingresos que San Francisco, entonces claramente, con contratar a cinco investigadores no se va a lograr el nivel de implementación al que llega San Francisco”, explica Koonse. “No obstante, es mejor que lo que ocurre a nivel estatal”.

El objetivo de Los Ángeles es de ampliar el personal de la oficina de implementación de las leyes salariales y laborales a unos 40 empleados para el año 2020, cuando entra en vigor el salario de $15 la hora. Los negocios que no cumplen con la ley podrán verse con multas de miles de dólares y perder sus licencias de operación.

Pero son muchos los empleadores que temen que estas reglas estrictas podrían ser explotados por las personas que presentan reclamos falsos de robo de salarios.

“Se van a ver abogados y defensores que utilizarán esta estructura de implementación que en este momento se ve muy apto para el abuso”, dice Rubén González, de la Cámara de Comercio de Los Ángeles Metropolitana.

“Le garantizo que en aquellas empresas donde quieren entrar los sindicatos, van a surgir de repente numerosas quejas salariales que podrán ser reclamos falsos”, asevera.

Anthony Vallecillo dice que sus reclamos son de verdad.

Vallecillo se encuentra entre un grupo de trabajadores en una empresa de almacenamiento cerca de los puertos de Los Ángeles que le han entablado juicio contra su empleador por presunto robo de salarios. Explica Vallecillo que varios de los trabajadores inmigrantes del grupo no tienen documentos.

“Algunos de nuestros trabajadores indocumentados han estado trabajando allí 10, 15 años, y tenían miedo de unirse al grupo por la represalia de ser despedidos”, dice Vallecillo. “Además, siguen con miedo hasta el día de hoy."

Si la ciudad ya contara con una oficina de implementación de la ley salarial operante, explica, tal vez él y sus colegas no tendrían que haber entablado juicio contra su empleador.

Con todo, el ganar un juicio contra un empleador que no paga el salario legal no es garantía que los trabajadores reciban el dinero que se les debe.

Según un informe del comisionado estatal de trabajo, sólo un 15 por ciento de las víctimas del robo de salarios que ganan sus casos reciben recompensa. Los juicios pueden demorarse por la presentación de apelaciones. Un negocio podría cerrarse y volver a abrir con otro nombre.

“Hoy podría llamarse Magic Carwash y mañana llamarse Magic Carwash Inc.,” explica Flor Rodríguez de la organización sin fines de lucro, Clean Carwash Campaign.

Rodríguez cuenta que esto es lo que le ocurrió hace unos años a un grupo de trabajadores de lavado de autos en Los Ángeles. La organización ayudó a estos trabajadores, todos inmigrantes, y con el tiempo llegaron a ganar un juicio de varios miles de dólares por pérdida salarial contra su antiguo empleador.

“Elaboramos un caso ante el departamento de trabajo, pero no hemos recibido dinero del caso”, comenta Rodríguez. “A los trabajadores que participaron en el caso, el dueño comenzó a darles cada vez menos horas de trabajo. Entonces, la represalia se dio rápidamente”.

Legislación propuesta por el Presidente pro Tem del Senado Estatal, Kevin de León (demócrata por Los Ángeles), podría invertir esta tendencia.

Si la legislación se aprueba, los empleadores renegados tendrían que pagar un bono para garantizar el pago de salarios robados o arriesgar que se les imponga embargos a las propiedades y otras sanciones.

California tiene la séptima economía más grande del mundo, y a lo largo de la historia del estado, los inmigrantes han contribuido mucho al desarrollo de esta prosperidad. Hoy, una de cada tres personas trabajadoras en California es inmigrante – proporción que ha crecido en las últimas décadas. Nuestro estado está conformado por estos trabajadores y emprendedores – 6 millones de personas que han encontrado empleo en el Estado Dorado. En nuestra serie “Transformación migrante,” KQED y The California Report exploran el impacto que surten los inmigrantes, los retos que enfrentan y las políticas que les afectan.