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Stephanie puso pie en el Río Grande con su hijo de seis años en brazos, sin tener idea de lo que les esperaba en la otra orilla. El contrabandista que los había traído desde El Salvador los dejó abruptamente a la orilla del río.

“Yo iba con mucho miedo porque no conocía”, explica. “No llevaba agua, no llevaba nada de comer. Y en aquello, que no conoce uno, yo sentía que mi corazón latía bien acelerado”.

En la orilla opuesta del río, agentes de la patrulla fronteriza en Texas los detuvieron. Stephanie cuenta que la temperatura de la celda inicial era frígida – cuanto más por lo que la ropa que llevaban seguía mojada por haber cruzado el río.

“¡Es que estaba helada!” expresa con lágrimas. “Mi hijo lloraba y decía, ‘Mamá, no aguanto’”.

Los agentes se negaron a devolverle un suéter que le habían obligado a tirar a la basura.

El día siguiente, enviaron a la madre y su hijo a un centro de detención de familias en Karnes, Texas, donde el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) mantenía detenidos a cientos de niños y madres más.

ICE comenzó a detener a familias centroamericanas el verano pasado, cuando un número sin precedentes comenzó a aparecer en la frontera entre los EE.UU. y México.

Stephanie y José llegaron al centro de detención en Karnes a comienzos de septiembre. Se les asignó a una sala con tres familias más – y allí quedaron confinados cada noche a partir de las 6 de la tarde hasta la mañana. Desde la ventana del segundo piso, José podía ver que pasaban autos por la carretera. Stephanie cuenta que él pensaba que una puerta en la cafetería daba paso a aquella carretera.

“Todos los días mi hijo me preguntaba, ‘¿Cuándo vamos a salir por esa puerta?””

Muchos de los niños y madres que Stephanie conoció habían pasado tres meses en el centro, pero le parecía muy distante tres meses, entonces le decía a José, “Luego, papá, luego, luego”.

Stephanie narra su historia desde la recámara de un pequeño apartamento de segundo piso, junto a una carretera llena de autos, al sur de San Francisco.

Un juez de inmigración le dio libertad del centro de detención en Karnes en noviembre, y se vino hacía aquí a reunirse con su esposo, José, quien había buscado asilo en los Estados Unidos el año pasado.

En lo que vamos conversando, José está sentado en el piso ayudándole a su hijo a poner en fila unos carritos Matchbox, para rodarlos por una rampa roja de plástico.

Stephanie y José no querían divulgar sus apellidos por lo que temen represalias de las personas de quienes huyen en El Salvador.

José fue activista político en su país. Un día, unos hombres del partido de oposición le atacaron.

“Amenazaron con matarme si no me iba del país”, explica. “Llevo todavía aquí en el labio una cicatriz de aquel ataque”.

Stephanie cuenta que se vio obligada a seguirle meses más tarde cuando los mismos hombres se aparecieron, exigiendo que les diera cinco mil dólares. Después de semanas de hostigamiento, Stephanie cuenta le llamaron por teléfono una noche para decir, “que me darían un día más para conseguirles el dinero. Si no les daba el dinero, que preparara mi cajón, y otro para mi hijo”.

Stephanie explica que huía de la violencia criminal en El Salvador, pero que cuando llegó a los EE.UU. con su hijo, siente que los trataron como delincuentes.

Las autoridades de gobierno querían enviar un mensaje para disuadir a las madres de venir aquí con sus hijos, afirma Marc Rosenblum, del Migration Policy Institute, en Washington, D.C.

“El interés en enviar un mensaje a Centroamérica es completamente válido de parte del gobierno”, explica Rosenblum. “El que las personas que no tengan un reclamo humanitario válido no van a poder quedarse. Y es mejor que la gente reciba ese mensaje sin darse el viaje de miles de millas a través de México, para después ser deportada”.

Hace unos seis años, ICE cerró un centro de detención después que una demanda denunciara las condiciones de cárcel, que no son apropiadas para los niños. Desde entonces, los oficiales de ICE no han querido detener a familias. Pero el verano pasado, ICE amplió la política de detener a familias. Los oficiales reportan que detuvieron a casi 4 mil mujeres y sus hijos hasta finales del mes de enero.

“El privarles de la libertad no es aceptable”, indica la profesora Denise Gilman, directora de la clínica de inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas.

Explica que la política generalizada de detenciones no toma en consideración las circunstancias de cada individuo.

“Francamente, es una crueldad contra los niños y sus madres que vienen huyendo de una violencia terrible, en busca de ayuda aquí”.

Gilman y la American Civil Liberties Union (ACLU por sus siglas en inglés) han entablado un juicio contra ICE para que cese la detención de personas en busca de asilo con niños con el sólo fin de disuadir a otros. Un juez federal ha prohibido temporalmente esta política.

El gobierno tiene hasta el primero de abril para apelar la demanda. De lo contrario, el caso procederá.

En una declaración por escrito, los oficiales de ICE han indicado que están “cumpliendo con la orden judicial, que prohíbe a ICE de considerar usar políticas para disuadir la inmigración futura al hacer determinaciones de detención con respecto a adultos y niños”.

Los defensores de los inmigrantes también quieren poner fin a la detención de familias con invocar una conciliación lograda hace décadas (Flores v. Reno).

Hace casi 20 años, las autoridades federales de inmigración concordaron en minimizar la detención de migrantes menores de edad para transferirlos al ámbito menos restrictivo tan pronto como fuera posible, como por ejemplo el hogar de un pariente.

Carlos Holguín, del Center for Human Rights and Constitutional Law explica que los centros de detención para familias de ICE ofrecen completamente lo contrario.

“Cualquier persona que haya ido a la instalación en Karnes en particular, notará que es como una institución”, comenta Holguín. “Es como una cárcel. Se pasa por una poterna después de pasar por detectores de metales – altos muros de bloques de cemento”.

Holguín afirma que no se debe encarcelar a los niños en lugares como Karnes – así estén con sus madres. El ha presentado una moción para obligar a ICE a liberarlos. Una audiencia sobre el tema está programada para el mes entrante [17/04/15] en el Tribunal Distrital Central de los EE.UU. en Los Ángeles.

Los abogados del gobierno, mientras tanto, argumentarán a favor de una expansión de su autoridad para detener a niños. Dicen que esto lo necesitan para afrontar el influjo de centroamericanos.

ICE recientemente ha expandido su capacidad física para la detención de familias. Ahora hay tres centros que pueden detener a 3.400 personas a la vez, un aumento de menos de 100 lechos en la primavera del 2014.

Los oficiales de la agencia sólo ofrecen una declaración por escrito sobre el tema de la detención de familias.

En ella, aseveran que el recluir a los niños con sus padres es “una alternativa eficaz y humanitaria para mantener la unidad familiar en lo que proceden las familias por el sistema migratorio o esperan ser devueltas a sus países de origen”.

No obstante, Joanne Kelsey, del Lutheran Immigration and Refugee Service, afirma que no existe manera humanitaria de recluir a los niños, ya que la reclusión puede desmantelar la estructura de la familia y causar daños psicológicos duraderos.

“Cuando un niño ve que su madre no toma decisiones por él, y que un celador dice, ‘En este momento pueden comer, esto es lo que pueden comer, aquí es donde pueden ir, esto es lo que pueden hacer,’ el niño pierde ese sentido de protección”.

Para finales de enero, ICE reportó tener detenidos aun a mil madres e hijos.

Sin contar con servicios legales, tienen poca esperanza de liberación ni asilo.

En más de siete mil casos de familias migratorias estudiados recientemente por el Transactional Records Access Clearinghouse en la Syracuse University, el 99 por ciento de aquellos que no cuentan con abogado recibió orden de deportación.

Pero es un reto encontrar a abogados dispuestos a tomar los casos de las familias detenidas.

“Estas mujeres no sólo quedan detenidas – sino que también están detenidas en un lugar aislado sin fácil acceso”, explica Lauren Connell, una abogada con la firma Akin Gump.

Connell coordinó los abogados voluntarios dispuestos a ayudar a las familias reclusas en Karnes.

Connell recuerda haber pensado la primera vez que hizo el viaje de una hora en auto entre San Antonio y Karnes, “¡Esto queda lejos de donde están las personas que pueden verdaderamente ayudar!”.

Connell es abogada de Stephanie y ayudó a convencer a un juez de inmigración que la dejara en libertad mientras se decide su caso de asilo.

Stephanie dice que cuando oyó que le iban a dejar libre, “lo primero que hice fue caerme de rodillas y darle gracias a Dios por todo lo que había hecho por mí”.

Stephanie ahora está empleada limpiando casas y su esposo logró un trabajo ayudando con la realización de eventos especiales. Comenta que su hijo flaquito ha podido subir un poco el peso que había perdido en el centro de detención, pero que no puede deshacerse de la memoria de las seis semanas que pasó allí.

La mamá dice que José “no se ha olvidado. … Dice cosas como, ‘sí, es como cuando estábamos encerrados’. Esta frase la usa repetidamente para hacer comparaciones o referencias al tiempo ‘cuando estábamos encerrados’”.

El caso de Stephanie se oirá en el tribunal migratorio en mayo.